Una de las medidas que se está
anunciando últimamente, por parte de diferentes administraciones educativas, es
el llamado distrito único en el proceso de escolarización. Las administraciones
que están impulsando esta medida, como
la Comunidad de Madrid o la
Comunidad Valenciana, dicen que la adoptan para incrementar la
libertad de elección de las familias del centro educativo que quieren para sus
hijos.
María José Catalá |
Esta
medida, por otra parte, coincide “casualmente” con una reivindicación histórica
de la patronal de la enseñanza concertada. Nos podríamos preguntar cuál es el
motivo profundo por el que determinada patronal de centros concertados están
tan interesada en fomentar la libertad de elección de las familias del centro
educativo que quieren para sus hijos.
¿No tienen hoy libertad las familias para presentar la instancia en el centro que desean?
¿No pueden solicitar varios centros priorizando los que consideran más adecuados?
La
normativa vigente, en las diferentes Comunidades Autónomas, lo que establece es
un baremo que debe respetar los principios generales establecidos en la LOE.
Entre estos principios generales la proximidad del domicilio del alumno al
centro que solicita es uno de los criterios preferentes. Este baremo sólo tiene
efectos cuando en un centro hay más demanda que oferta, hay más alumnos que
solicitan plaza que plazas disponibles. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿no
es lógico que tengan prioridad, si no hay plazas para todos los que solicitan
un determinado centro, los alumnos que vivan en el barrio correspondiente? ¿no
es adecuado fomentar que los alumnos que viven en un mismo barrio vayan también
al mismo centro en la educación obligatoria?.
Para
poder entender los motivos que de verdad llevan a tomar la iniciativa del
distrito único, más allá de la excusa de favorecer la libertad de elección de
centro por parte de las familias, hay que analizar lo que está ocurriendo en la
actualidad en los procesos de escolarización en algunos núcleos de población,
fundamentalmente núcleos urbanos en los que hay una oferta importante de
enseñanza concertada.
Lo
que está ocurriendo es que hay un número significativo de centros concertados,
entre los que tienen más demanda de plazas, que están seleccionando al alumnado
por diferentes vías. Las cuotas “voluntarias” a las AMPAs, el ideario del
centro, el uniforme, el no disponer de personal especializado para atender al
alumnado con especiales dificultades, etc. Es decir, de una forma u otra, se
invita a determinadas familias a que se dirijan a otro centro. Pero lo que
ocurre, en algunos casos, es que hay familias que viven cerca del centro y no
aceptan esa invitación, hay familias que a pesar de todos los inconvenientes
presentan su solicitud en ese centro y gracias a que la proximidad al centro es
uno de los puntos más relevantes en el baremo consiguen entrar.
Pues
bien, establecer el distrito único en un gran núcleo urbano supone, en la
práctica, suprimir esa puntuación del baremo, supone que todos los alumnos
tengan los mismos puntos independientemente de su proximidad al centro. Es
decir, supone que pasen a primar más otras cosas como ser familiares de
antiguos alumnos del centro u otros aspectos que lo único que pretenden es
incrementar la capacidad de los centros de seleccionar a su alumnado.
Estos
cambios en el proceso de admisión del alumnado van ligados a otros previstos en
el anteproyecto
de la LOMCE, como son la publicación de los resultados obtenidos por
los centros en las reválidas y evaluaciones externas previstas en las
diferentes etapas educativas y la creación de centros de especialización
curricular.
La
publicación de un ranking de centros, en función de los resultados obtenidos en
las diferentes evaluaciones externas, va a provocar una petición masiva a los
centros que tengan mejores resultados en dichas pruebas. Cuando todas las
evaluaciones nacionales e internacionales nos indican que el nivel
sociocultural y económico de las familias es un factor determinante en los
resultados académicos de los alumnos, no hace falta señalar que aquellos
centros que tengan más demanda que oferta y que, por tanto, a través de
diferentes mecanismos, puedan seleccionar a su alumnado van a terminar
concentrando a los sectores de la población con mayores medios. Y los centros
que, por la población que escolarizan, obtengan peores resultados van a quedar
como centros gueto dirigidos a los sectores más desfavorecidos de la población.
Por
otra parte, todo parece indicar que la creación de centros con alguna
especialización curricular, que trataremos en otro artículo, va encaminada a
reforzar más si cabe un proceso de segregación del alumnado que se va haciendo
cada día más patente en el conjunto de las medidas educativas que está
adoptando tanto el Ministerio de Educación como algunas Comunidades Autónomas.
En
lugar de establecer las medidas oportunas para que todos los centros puedan
atender al alumnado en condiciones de igualdad, en lugar de favorecer una
escolarización equilibrada del alumnado con especiales dificultades de
aprendizaje entre todos los centros, las políticas que están adoptando van
justo en la dirección contraria a lo que necesitamos para ofrecer una educación
de calidad en todos los centros que pagamos entre todos, los públicos y los
concertados.
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