La enseñanza de las religiones, o, para ser más preciso, la enseñanza de la religión católica, ha vuelto otra vez al centro del debate educativo con la propuesta de la LOMCE.
Es un debate que siempre ha provocado la toma de
posiciones apasionadas, a favor y en contra, y que considero que nunca ha
estado bien resuelto. Buena prueba de ello, han sido los recursos que se han
ido presentando durante estos años y que han dado lugar a diferentes sentencias
de los tribunales.
El problema surge cuando se debate cuál es la
fórmula que debe adoptarse para que el Estado cumpla con las obligaciones de
ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas, en función de los
acuerdos suscritos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas.
La aplicación de los acuerdos firmados en 1979 por
el Estado español con el Vaticano, supone la obligación de ofertar las
enseñanzas de religión católica en los centros docentes, por parte de
profesores seleccionados por la Iglesia Católica y pagados por las
Administraciones educativas. Desde entonces, se han aplicado diversas opciones
para atender al alumnado que no optaba por cursar enseñanzas de religión
católica (ética, estudio asistido, actividades alternativas, atención educativa,
etc).
En el año 2005, durante el proceso de debate de la
LOE, se organizó una campaña de firmas de apoyo a la asignatura de religión
católica. Esa campaña no era para garantizar el derecho a recibir estas
enseñanzas por los que así lo deseaban, ni para que la Religión fuera una
materia evaluable, ya que ambas cosas estaban recogidas en el documento
presentado por el Ministerio de Educación. La campaña, iba dirigida a imponer a
todos los demás la obligatoriedad de cursar una materia alternativa. Y yo
añadiría, que si fuera por el deseo de algunos de sus promotores, si esa
materia es poco atractiva, difícil y el profesor es un ogro, pues mejor.
Si se analizan los datos oficiales publicados por el
Ministerio de Educación en la última década, la evolución del alumnado que se
matricula en la asignatura de religión católica se pueden observar muchas
cosas. Entre ellas, nos encontramos con que en el curso 200-01 el 80,2% del
alumnado de Primaria, el 52,1% de ESO y el 38,4% de Bachillerato cursaban enseñanzas
de religión católica en los centros públicos. Según los últimos datos oficiales
del Ministerio de Educación, correspondientes al curso 2010-11, en los centros
públicos solicitan enseñanzas de religión católica el 66,6% del alumnado de
Primaria, el 39,1% de ESO y el 23,3% de Bachillerato. Se puede apreciar que en
estos 10 años la matrícula en esta materia ha bajado entre 12 y 15 puntos y,
además, en Primaria, se observa una disminución drástica a partir de cuando los
alumnos toman la primera comunión.
Ahora, con la LOMCE, se quiere revertir la tendencia
expresada libremente por la sociedad española en la última década. Los que
claman por la libertad de elección de las familias de la educación que quieren
para sus hijos, los que claman en contra de la Educación para la ciudadanía
porque adoctrina a los alumnos, quieren imponer a todos los alumnos que no
opten por cursar Religión la obligatoriedad de cursar una materia alternativa:
“valores culturales y sociales” en Primaria y “valores éticos” en Secundaria.
Es decir, en un contexto de recortes generalizados
en educación, si se aprueba la LOMCE no sólo pagaremos entre todos al
profesorado de religión católica, en virtud de los acuerdos con el Vaticano,
sino que además dilapidaremos fondos públicos para pagar miles de profesores en
toda España para que impartan unas clases, la alternativa, que ni los alumnos
ni sus familias han solicitado.
Las Administraciones educativas deben poner los
medios necesarios para que todo el currículo escolar obligatorio se imparta al
conjunto del alumnado. Si además, en función de acuerdos firmados, hay que
garantizar la oferta de enseñanzas de determinadas confesiones religiosas, lo
que habrá que estudiar es como se ofertan en los centros, y en qué horario,
para facilitar la asistencia al alumnado que las solicite. Lo que creo que no
tiene sentido, en un estado no confesional, es darle la vuelta al problema y organizar
el centro en función de los intereses de los que hoy, tanto en secundaria como
en bachillerato son ya una clara minoría.
Si en un tema como el de la enseñanza de las
religiones se quiere llegar a algún acuerdo, habrá que partir del principio de
que el respeto a los que eligen cursar religión no puede suponer la imposición
de obligaciones añadidas a los demás. Si Rajoy y Wert no respetan ese acuerdo
de convivencia, mi opinión es que habría que decir con claridad que cuando se
produzca un cambio de gobierno se denunciarán los Acuerdos con el Vaticano y
con las demás confesiones religiosas, por lo que las enseñanzas de religión
confesional saldrán de las escuelas e institutos.
