Educación de ciencia-ficción
Miguel Soler (técnico de Educación), Vicent Baggetto
(director IES Joan Fuster, Sueca,Valencia), Jaime Mougán (director IES Triana,
Sevilla), Javier Brihuega (director IES Rey Pastor, Madrid), Concha Arribas
(directora IES Tomás Mingot, Logroño), José Manuel Mouriz (director IES Fene, A
Coruña).
Si alguien ha seguido todos los capítulos del
programa de ciencia-ficción, los telediarios de TV-1, con el que nos están
obsequiando las últimas semanas habrá llegado a la conclusión de que con la Ley
de Calidad de la Educación no sólo se van a resolver todos los problemas de la
educación de nuestro país, sino que además vamos a ser la envidia de todos los
países de nuestro entorno. España va a conseguir en pocas semanas pasar a la
cabeza del pelotón de los países más avanzados y todo ello sin invertir un solo
euro. Suponemos que semejante milagro se va a producir gracias a la
introducción de la religión como asignatura obligatoria para todo el alumnado.
Pero hablemos en serio, señora ministra. La
educación en nuestro país tiene problemas y necesita cambios, pero los cambios
que se necesitan no van en la línea de las propuestas contenidas en su mal
llamada Ley de Calidad de la Educación. Si hay un número significativo de
alumnos que inician la educación secundaria obligatoria con lagunas importantes
en su formación, no pretenderá que nos creamos que lo va a resolver resucitando
las guarderías, no adoptando ninguna medida en la educación primaria y
separándolos desde los 12 o 14 años en itinerarios en función de sus niveles de
aprendizaje.
Si hay una concentración excesiva de alumnado con
dificultades en determinados centros, fundamentalmente públicos, no pretenderá
que nos creamos que se va a resolver creando centros de especialización curricular
donde van a introducir nuevos criterios, como el expediente académico, para
seleccionar al alumnado que se puede matricular.
Si hay problemas de convivencia en los centros, no
pretenderá que nos creamos que se van a solucionar disminuyendo la participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Si hay problemas en la dirección de los centros, que
llevan a que en torno al 50% de los directores tienen que ser designados por la
Administración por falta de candidatos, no pretenderá que nos creamos que la
solución está en que se designe al 100% por la Administración.
Señora ministra, usted está utilizando el
descontento de un sector importante del profesorado, fundamentalmente de
secundaria, producido por la dificultad de poder atender en condiciones a todo
el alumnado para introducir una serie de cambios en nuestro sistema educativo
que lejos de resolver los problemas existentes los va a incrementar.
Usted le está transmitiendo al profesorado que no se
preocupe, que a partir de ahora a los alumnos con dificultades les darán clase
'los otros'. A los profesores de la privada les transmite que podrán
seleccionar a su alumnado por el expediente académico, por lo que el alumnado
con mayores dificultades irá a la pública, a los profesores que proceden de
BUP, que estos alumnos harán un itinerario de orientación técnico-profesional,
por lo que les darán clase los antiguos profesores de formación profesional, a
éstos que podrán enviar al alumnado con mayores dificultades a un programa de iniciación
profesional, que ya veremos quien lo dará. Además, les transmite a todos en
general que en último extremo siempre podrán hacer que a estos alumnos, que
estarán en grupos específicos, les de clase el último interino que llegue al
centro.
Los problemas de aprendizaje no aparecen, por
generación espontánea, el día que los alumnos cumplen 12 o 13 años. Para
resolver y disminuir estos problemas es necesario ampliar la oferta de plazas
en educación infantil y reforzar su carácter educativo, adoptar medidas en
educación primaria que permitan intervenir a tiempo de superar las
dificultades, dotar a los centros de secundaria del profesorado necesario para,
entre otras cosas, poder desdoblar los grupos, incrementar la oferta de
programas de diversificación curricular y adelantar la edad de incorporación a
estos programas del alumnado que así lo requiera. Mención especial merece el
tipo de respuesta necesaria para el alumnado que rechaza su escolarización en
este nivel educativo. No se puede pretender que una problemática que no tiene
su origen en el marco escolar, se resuelva actuando sólo desde los centros
educativos. Es necesario desarrollar actuaciones específicas con este alumnado
en las que se impliquen los ayuntamientos y otras instituciones.
Por otra parte, está el debate permanente entre los
centros públicos y los privados concertados. Los centros privados concertados
se deben comprometer a atender a todo el alumnado sin ningún tipo de
discriminación explícita o implícita, a hacer efectivo el principio de
gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente.
No se puede consentir que desde un centro educativo que pagamos todos los
ciudadanos se seleccione al alumnado que se puede matricular. Los centros no
deben tener ninguna autonomía para seleccionar a su alumnado, y sí mucha más
autonomía para organizar la mejor respuesta educativa al alumnado que tienen
escolarizado.
El problema del Gobierno es que cuando habla de
calidad, sólo piensa en unos pocos. Otros afirmamos que hay que garantizar una
educación de calidad tanto para los alumnos con mayor capacidad y motivación
para aprender como para los alumnos con mayores problemas de aprendizaje. El
futuro de cualquier país está en la formación que tenga la inmensa mayoría de su
población, no en la formación de unos pocos. Si se quiere de verdad ofrecer una
educación de calidad para todos, es necesario invertir más y mejor en
educación.
En el preámbulo del proyecto de ley se habla mucho
de la cultura del esfuerzo, pero se aplica sólo al alumnado. Es necesario el
esfuerzo de todos: del Gobierno, de las familias, del profesorado, del
alumnado, en definitiva de la sociedad para dotar a la educación de los
recursos necesarios. Es imprescindible incrementar el número de profesores y dotar
a los centros de los medios necesarios para poder dar respuesta a las nuevas
demandas que la sociedad hace al sistema educativo. La manera más explícita en
que la sociedad y los poderes públicos manifiestan su compromiso con el sistema
educativo es por medio de las partidas presupuestarias que destinan a este fin.
Nadie consigue un producto de calidad si no está dispuesto a pagar lo
necesario, y la educación no es una excepción.
